Resumen: Tras remitirse a la regulación que tanto la LRJS como el Estatuto efectúan del despido colectivo fija la Sala los criterios jurisprudenciales que vienen a conformar la buena fe negocial aludiendo a la general exigencia de proporcionar a la RLT una información suficientemente expresiva de su causa para poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente; si bien no todo incumplimiento de la misma conlleva la nulidad de la decisión extintiva sino tan sólo aquella que (desde una interpretación finalista de la norma) sea trascendente. Formal requisito que habrá de asociarse a la condición empresarial de su destinatario y si la misma aparece (o no) conformada como grupo patológico. Si bien las distintas respecto a las que se requería información no se integraban en un grupo de tal clase, al acreditarse que antes de iniciar el PDC, durante el ERTE por fuerza mayor motivado por la pandemia, se trasladaron los aviones y el simulador (esencial para el desarrollo de la actividad) a otra de las bases del grupo, no identificada, se conviene que no hubo negociación de buena fe al decidirse el despido de forma unilateral y previa al inicio del procedimiento (cuyo período de consultas no sirvió para incrementar mínimamente la indemnización) sin que la empresa haya mostrado las causas reales de aquella orden de retirada, se declara su nulidad (y la extinción de las relaciones afectas ante el cierre de la empresa) aunque no por la adicional que se reitera cual es el de falta de notificación.
Resumen: Nulidad SJS -denegación de testifical-. Se rechaza, la prueba es innecesaria, pues la complejidad de las negociaciones con el comité de empresa y la información respecto de la nueva categoría propuesta, no inciden en la fraudulencia del contrato. Fraude de ley en la contratación. El primer contrato eventual finalizó el 17-04-17 y el siguiente es de 19-10-17, por lo que aun siendo fraudulento -acta Inspección de Trabajo-, al extinguirse sin ser impugnado 6 meses antes del siguiente no hay unidad de vínculo -es irrelevante-. Al segundo contrato eventual no le afecta la actuación inspectora -fecha de suscripción- y reúne las formalidades del RD 2720/1998. En el de interinidad por vacante de 2-01-18 figura la vigencia hasta la finalización del proceso de selección 01-2018 INT para ocupar definitivamente la plaza y como IMIBSA es una sociedad mercantil estatal no se aplica el plazo de 3 meses del RD 2720/1998 para cubrir sus vacantes definitivamente sino el de 3 años del art 70.1 EBEP por lo que el que la plaza se incluyera en el proceso de selección de 2018 y no se ofertara públicamente y cubriera hasta 2019 resulta irrelevante, debiendo estarse a lo dispuesto en la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España -DA 8ª-, el Convenio de IMBISA -art 12- y el EBEP -DA 1ª en relación con el art 55- que imponen la aplicación de los principios de acceso al empleo público -igualdad, mérito, capacidad, publicidad, requisitos de las convocatoria- en las sociedades mercantiles públicas.
